La Familia de Montoya Anuncia Acciones Legales Contra la Productora de ‘Supervivientes 2025’ por «Acusaciones Falsas»
La polémica desatada en la última gala de ‘Supervivientes 2025’ ha escalado fuera de Cayos Cochinos. La familia de José Carlos Montoya ha emitido un duro comunicado en el que exige una rectificación inmediata a la productora del programa y a Telecinco, y anuncia que emprenderá acciones legales tras las «gravísimas acusaciones» vertidas contra el concursante.
Durante la reciente emisión de ‘Supervivientes’, Álvaro Muñoz Escassi, respaldado por Makoke y Borja González, acusó a Montoya de un presunto acto de violencia hacia Anita Williams en medio de una discusión. Aunque los involucrados negaron el incidente y la organización del programa, a través de Sandra Barneda, desmintió que hubiera habido violencia, la familia de Montoya ha reaccionado con indignación.
«En relación con las recientes acusaciones falsas que se han vertido sobre nuestro hijo y hermano José Carlos Montoya, queremos expresar nuestra más firme indignación. Estas acusaciones carecen de fundamento y son completamente falsas«, reza el comunicado difundido en las redes oficiales de Montoya.
La familia no solo busca limpiar el nombre del concursante, sino que también ha lanzado una encarecida petición a la productora de ‘Supervivientes 2025’, a Telecinco como cadena difusora y a los medios de comunicación. Exigen «una rectificación que restablezca la verdad» y que se tomen «medidas disciplinarias y expulsión inmediata del concurso contra quien ha versado tales acusaciones hacia Montoya».
El comunicado subraya que «Montoya ha sido víctima de una campaña de injurias y calumnias que dañan su reputación y provocan un grave perjuicio personal y profesional». Para concluir, la familia del participante ha confirmado que ya se están «considerando las acciones legales pertinentes para defender los derechos de José Carlos Montoya».
Este movimiento legal añade una nueva y seria dimensión al ya tenso ambiente que se vive en la recta final de ‘Supervivientes 2025’, trasladando el conflicto de la playa a los tribunales.
