Antonio David Flores Declara la Guerra a Mediaset y Rocío Carrasco con una Megademanda de Casi Seis Millones de Euros.
El conflicto legal entre Antonio David Flores y el universo Mediaset alcanza una nueva dimensión. El excolaborador ha interpuesto una macrodemanda por derecho al honor en la que reclama la estratosférica cifra de 5.789.000 euros en concepto de indemnización. Esta acción legal apunta directamente a su exmujer, Rocío Carrasco, y a una extensa lista de rostros conocidos y empresas vinculadas a la cadena.
La demanda se presenta como una respuesta a las declaraciones y el contenido vertido sobre Antonio David Flores tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. La lista de afectados es amplia y las cifras solicitadas son millonarias:
- Rocío Carrasco: La madre de sus hijos encabeza la lista individual con una reclamación de 1.628.000 euros.
- Productoras y Mediaset: La Osa Producciones (antiguos productores de ‘Sálvame’ y actuales de ‘La Familia de la Tele’) se enfrenta a una solicitud de 1.560.000 euros. Además, Antonio David Flores exige una indemnización de 1.976.000 euros a Mediaset España y otras empresas del grupo.
La «lista negra» del malagueño incluye a destacadas figuras televisivas, a quienes les pide cuantiosas indemnizaciones por su presunta participación en el menoscabo a su honor:
- Carlota Corredera: 281.000 euros.
- Jorge Javier Vázquez: 207.000 euros.
- Montse Suárez (abogada): 202.000 euros.
- Kiko Hernández: 170.000 euros.
- Paloma García Pelayo: 157.000 euros.
- Laura Fa: 153.000 euros.
- Miguel Frigenti: 134.000 euros.
- Alonso Caparrós: 92.325 euros.
- Marc Giró: 38.400 euros.
- Isabel Rábago: 34.200 euros.
- Kike Calleja: 24.600 euros.
Antonio David Flores y su abogado solicitan también la condena solidaria en todos los casos, lo que significa que cada demandado podría ser responsable del total en caso de impago por parte de otros.
Esta macrodemanda, que llevaba años siendo anunciada, marca un punto álgido en la batalla legal y mediática de Antonio David Flores, quien busca una reparación económica y un reposicionamiento público tras años de intensa exposición y polémica. La justicia tendrá ahora la última palabra en este millonario litigio que promete seguir dando de qué hablar.