El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de correos confidenciales ha dado un giro dramático con la declaración de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En una intervención cargada de desesperación y denuncia política, González Amador ha afirmado que tras la publicación del correo por parte de la Fiscalía, pasó a ser “el delincuente confeso del Reino de España”.
Y ha rematado su testimonio con una frase que ha helado la sala: “O me voy de España o me suicido”.
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le respondió con frialdad institucional: “No le recomiendo ninguna de las dos cosas”. Pero el daño ya estaba hecho. La frase no solo revela el estado emocional del empresario, sino que expone el nivel de presión mediática, judicial y política que rodea el caso.
González Amador ha acusado directamente a García Ortiz de haberle “matado públicamente” y de haber destruido su vida jurídica, social y económica. Según su relato, la filtración del correo enviado por su abogado a la Fiscalía —en el que se ofrecía a reconocer delitos fiscales para evitar la cárcel— fue el detonante de una campaña que lo convirtió en símbolo del escándalo. “Estoy muerto”, ha repetido.
La defensa del fiscal general ha intentado desmontar la narrativa, pero el empresario ha insistido en que nunca autorizó el envío de ese correo, que lo dejó todo en manos de sus abogados y que fue víctima de una exposición mediática que considera injusta y dirigida. Incluso ha deslizado que su relación con Díaz Ayuso ha sido utilizada como ariete político, pese a que nunca ha tenido apariciones oficiales con ella.
La secuencia de hechos, desde la inspección fiscal hasta la vía penal, pasando por el contacto con periodistas y el reenvío de mensajes al gabinete de Ayuso, dibuja un escenario donde lo jurídico y lo político se entremezclan peligrosamente. González Amador ha dejado claro que no confía en la Fiscalía, que se siente traicionado por el sistema y que su vida ha quedado marcada por una filtración que, según él, nunca debió ocurrir.
En medio de todo, la pregunta incómoda persiste: ¿es este un caso de justicia filtrada o de victimismo estratégico? ¿Estamos ante una vulneración grave de derechos o ante una maniobra para blindar una narrativa política?
Lo que está claro es que el juicio ya no es solo sobre correos y conformidades. Es sobre reputación, poder y el precio de estar cerca del epicentro político de España.