MADRID — El Juzgado de Lo Penal número 23 de Madrid ha dictado sentencia firme en uno de los frentes judiciales más delicados y seguidos de la crónica social española. Según ha adelantado en exclusiva Caso Abierto, el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, el magistrado Juan Antonio Toro ha condenado a Rocío Carrasco Mohedano como autora responsable de un delito de impago de pensiones hacia su hijo, David Flores Carrasco.
«Debo condenar y condeno a Rocío Carrasco Mohedano como autora responsable de un delito de impago de pensiones», reza textualmente el fallo emitido por el magistrado.
La sentencia: Multa económica e indemnización de 13.200 euros
En el escrito judicial se considera plenamente probado que Rocío Carrasco omitió de forma continuada el pago de la pensión alimenticia de 200 euros mensuales decretada en enero de 2018 por el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Alcobendas a favor de su hijo, quien padece una enfermedad genética y depende económicamente de dicha prestación.
Como consecuencia del incumplimiento prolongado durante cinco años y medio (un total de 66 mensualidades), el juez ha fijado las siguientes penas y compensaciones:
- Indemnización a su hijo: Rocío Carrasco deberá abonar a David Flores la cantidad de 13.200 euros en concepto de las pensiones atrasadas, suma a la que se le añadirán los intereses legales correspondientes acumulados desde 2018.
- Sanción penal: Se le impone una pena de seis meses de multa a razón de cinco euros diarios (lo que equivale a un total de 900 euros).
Pena mínima y discrepancia con la Fiscalía
A pesar de la condena, el tribunal ha decidido aplicar a la hija de Rocío Jurado la atenuante o franja más baja dentro del abanico que contempla el Código Penal español para este tipo de delitos—el cual contempla penas de entre seis y 24 meses de multa e incluso hasta un año de prisión—.
Durante la vista oral celebrada el pasado 28 de junio, la Fiscalía solicitaba una cuantía sustancialmente mayor en concepto de sanción administrativa, reclamando una cuota que ascendía a los 10.800 euros de multa. Finalmente, el magistrado estimó fijar el mínimo legal, cerrando así un largo proceso judicial que vuelve a poner en el foco mediático el complejo distanciamiento entre Rocío Carrasco y su entorno familiar.