La tensión en el puerto de Melilla ha estallado en un conflicto que mezcla burocracia, presión política y un clima de miedo que Kiko Hernández ha decidido exponer públicamente. El colaborador televisivo se ha unido a su marido, el actor y empresario Fran Antón, en una huelga de hambre y encadenamiento frente a su local clausurado por la Policía Local, un cierre que ambos consideran injustificado y que ha desencadenado una crisis personal y mediática.
El pasado martes, Fran Antón anunció en redes que se había encadenado a las puertas del establecimiento tras ser desalojado y privado de acceso a su negocio. Aseguró contar con una licencia vigente y denunció que la medida carecía de fundamento. Este miércoles, Kiko Hernández tomó el último avión hacia Melilla para sumarse a su marido y visibilizar lo que considera una persecución.
La situación se hizo pública durante una llamada en directo al programa No somos nadie, donde Kiko entró completamente roto. Carlota Corredera, al escuchar su voz quebrada, contextualizó el conflicto: “Tú tienes licencia hasta 2036 y se ha vendido el puerto a unos mexicanos que os quieren echar de allí”.
La presentadora explicó que, aunque la ley podría ampararlos, los plazos administrativos podrían mantener el local cerrado durante meses, dejando a la pareja sin actividad económica.
El momento más inquietante llegó cuando Kiko reveló que la presión no se limita al cierre del negocio. “He recibido amenazas muy fuertes de una persona muy importante de aquí. Son amenazas de muerte. Mañana iré a la Policía Nacional”, declaró, señalando que los mensajes no solo van dirigidos a él, sino también a su marido y a sus hijas.
Los colaboradores del programa escucharon en silencio mientras Kiko se quebraba de nuevo. Corredera intentó sostenerlo: “Estamos con vosotros. No hay culpables”.
Pero él insistió en asumir parte de la responsabilidad: “La culpa la tengo, porque si fuera Perico el de los palotes no pasaría nada. Esta gente tiene miedo a perder las elecciones”.
Según su testimonio, detrás de la campaña contra su negocio hay motivaciones políticas, homofobia y racismo. Asegura que ha recibido advertencias de que podrían enviar a alguien “para cruzar la frontera y que no lo encuentren”.
Desde el gobierno de Melilla, sin embargo, la versión es distinta. Aseguran que la licencia no es válida porque fue emitida en 2013 y no se ha realizado el cambio de titularidad, motivo por el cual el local no puede permanecer abierto.
A pesar de las súplicas de sus compañeros para que abandone la ciudad por seguridad, Kiko Hernández se niega: “Irme sería darles la razón. No voy a permitir que se salgan con la suya”.
Encadenados, en huelga de hambre y bajo un clima de amenazas, Kiko y Fran han convertido su protesta en un pulso público que ya trasciende lo administrativo. El desenlace, por ahora, es incierto, pero la tensión en Melilla continúa creciendo.