La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dictaminado el archivo de las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias, denunciado por presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico. A pesar de la gravedad de los testimonios, que incluyen acusaciones de penetración no consentida, bofetadas y vejaciones, el Ministerio Público ha cerrado el caso amparándose en una cuestión técnica: la «falta de competencia» de los tribunales españoles para juzgar hechos ocurridos fuera de sus fronteras.
Relatos de horror tras los muros de las mansiones
La investigación, liderada por ‘elDiario.es’ y Univisión Noticias tras tres años de pesquisas, destapó una realidad oscura en torno a la figura del artista. Una empleada de hogar y una fisioterapeuta describieron un ambiente de acoso sistémico, humillaciones y control absoluto. Según una de las víctimas, que en 2021 tenía tan solo 22 años, las presiones para mantener encuentros sexuales eran constantes, derivando en agresiones físicas y verbales en sus residencias del Caribe.
El archivo del decreto no cuestiona la veracidad de los testimonios, sino que se limita a señalar que, al haber ocurrido los presuntos delitos en República Dominicana y Bahamas, la jurisdicción española carece de potestad para intervenir. Esta decisión deja en un limbo legal a las denunciantes, quienes se enfrentan a la muralla burocrática de la territorialidad mientras el cantante queda libre de cargos en su país de origen.
Tres décadas de testimonios bajo sospecha
El alcance del escándalo no se limita a episodios recientes. El trabajo periodístico recabó el testimonio de 15 antiguas trabajadoras que prestaron servicio para Iglesias entre 1990 y 2023. El patrón descrito por muchas de ellas apunta a un «modus operandi» de abuso de poder y desprecio hacia la integridad de las mujeres que formaban parte de su servicio personal, tanto en sus fincas de España como en sus paraísos caribeños.
Sin embargo, el blindaje jurisdiccional de Julio Iglesias parece haber funcionado. Al archivar la investigación preprocesal, la Fiscalía cierra una de las vías más directas para depurar responsabilidades, obligando a las víctimas a buscar justicia en países donde la influencia y el poder del artista podrían suponer un obstáculo aún mayor.