El icónico cantante Julio Iglesias ha tomado medidas legales formales contra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo. La demanda surge tras las declaraciones de la ministra en las que acusaba al artista de someter a sus empleadas a situaciones de «esclavitud» y «abusos sexuales». El equipo legal de Iglesias ha advertido que, de no producirse una rectificación pública inmediata, se procederá con una querella criminal.
El origen de la disputa: Redes sociales y televisión
Según el escrito presentado por el abogado José Antonio Choclán, el conflicto se originó el pasado 13 de enero. En esa fecha, Díaz utilizó su cuenta en la red social Bluesky para compartir una noticia sobre presuntas agresiones sexuales, añadiendo que los testimonios eran «escalofriantes» y describiendo una «estructura de poder basada en la agresión permanente».
La situación se agravó al día siguiente, cuando la ministra reafirmó sus posturas en una entrevista televisiva. En dicha intervención, Díaz aseguró que las trabajadoras se encontraban en una «posición de inferioridad extrema» y que los hechos denunciados representaban una vulneración sistemática de los derechos humanos.
Argumentos de la defensa: Un «juicio paralelo»
La representación de Julio Iglesias subraya varios puntos críticos en su demanda:
- Falta de competencia judicial: La Fiscalía ya había archivado previamente una denuncia similar de extrabajadoras por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, al no ser competentes para investigar los hechos denunciados.
- Prejuicio de culpabilidad: El escrito incide en que un alto cargo público ha emitido «claros prejuicios de culpabilidad», vulnerando la presunción de inocencia del cantante.
- Daño reputacional: Se solicita una indemnización por el «grave daño social» causado por un comportamiento que califican de injurioso y calumnioso.
Iglesias exige que la ministra reconozca el carácter lesivo de sus manifestaciones y proceda a una rectificación pública que restaure su honor e imagen social.